"É um equívoco supor que a segurança pública seja incompatível com respeito à Lei e aos direitos individuais.
A experiência mundial revela que uma política de segurança pública só pode ser eficiente se concorrer para a legitimidade das instituições, respeitando a cidadania."
Luiz Eduardo Soares

Una política de seguridad ciudadana deberá buscar combatir el autoritarismo socialmente implantado, que interioriza métodos impuestos por la fuerza, frecuentemente tolerados por los grupos en el poder, implantados en un sistema de relaciones sociales asimétricas. El autoritarismo conjugado con la violencia al margen de la ley del Estado, el apartheid social y la concentración de renta que divide privilegiados y desposeídos, son factores que perpetúan situaciones de profunda desigualdad por toda América latina y que crean condiciones de inseguridad para todas las clases sociales.
Las respuestas a los desafíos actuales no pueden ser solo teóricas sino que se deben situar en el plano de la acción ciudadana y en la intervención ágil y eficiente de los gobiernos en todas las instancias.
El constitucionalismo democrático constituye la forma de abrir nuevas perspectivas para garantizar el control de las elites por las no-elites.
La redescubierta de nuevas formas de vida en comunidad (reuniendo trabajo, cultura, diversión, servicios, habitación) es una de las formas eficaces de superar la violencia que impera en la mayoría de los Centros Urbanos de nuestro continente y combatir el sentimiento de inseguridad.
En la perspectiva de la seguridad ciudadana es necesario rescatar el sentido de la República en la actividad del poder local, cultivando y respetando un espacio público concebido como patrimonio colectivo.
Una política de fortalecimiento de la seguridad ciudadana debe apuntar a la cualificación del espacio público, articulando la ciudad formal con la ciudad informal, incorporando los atributos de la urbanidad y equipamientos de prestigio en las áreas menos favorecidas, buscando definirles su identidad, considerando que los problemas de inseguridad y los índices de violencia se relacionan principalmente con la desigualdad urbana implícita en la pobreza urbana y que no existen índices para medirla con precisión. Estudios muestran una superposición considerable entre el mapa socio-económico y el mapa de riesgo de homicidios en cada ciudad. Los niveles de violencia tienen que ver con toda probabilidad con una combinación de factores, entre los cuales la urbanización rápida sin servicios sociales, la pobreza, la falta de control social y el anonimato, la desigualdad, la falta de oportunidades para la juventud, etc
Al leer una situación físico-social dada, con vistas a la reconfiguración tanto de sus articulaciones internas cuanto con el entorno a partir de una óptica de seguridad ciudadana, es necesario considerar con el mismo énfasis, tanto sus limitaciones y condicionamientos, cuanto sus posibilidades (reales y virtuales) en la perspectiva de articulación con políticas públicas y proyectos de intervención generados desde una escucha de las demandas. La lectura de la estructura de cada lugar (intersección entre las características físicas y las formas de apropiación del espacio establecidas por la gente) debe constituir el paso previo a cualquier decisión de actuación.
Una política de seguridad ciudadana debe incluir una combinación de inversiones y acciones sociales, acción policial cualificada y tecnología.
Las inversiones y acciones sociales implican la elaboración de programas reuniendo además de la justicia y la policía, representantes de las diferentes secretarias municipales, de la Universidad y liderazgos comunitarios.
Acción policial cualificada implica la creación de un grupo especial de policiamiento para actuar en villas miseria; la creación de un numero telefónico exclusivo para que el ciudadano pueda pedir ayuda a la policía; la actuación coordinada de la policía civil, federal, representantes del Ministerio Público y Poder Judicial, creando un ambiente multidisciplinario que reúna prevención, movilización social y represión; implica también el combate a la corrupción policial y la capacitación policial.
En relación con la tecnología se requiere el desarrollo de software especiales y la confección de mapas con la localización de los puntos mas conflictivos; el geo-procesamiento de llamadas; la identificación de equipamientos sociales tales como guarderías, escuelas, puestos de salud y locales de esparcimiento.
Programas destinados a los jóvenes de las comunidades carentes deben priorizar la capacitación para el mercado de trabajo, garantiendo al mismo tiempo esparcimiento y un ambiente rico culturalmente (articulación con políticas de desarrollo local, Rede DLIS, etc).
Sería conveniente elaborar acciones sociales coordinadas, con programas territorialmente definidos eligiendo dos o tres áreas–problema para poner en acción programas de varias secretarias: Justicia, Trabajo, Educación, Deportes, Salud, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Urbanismo, Seguridad. Se trata de forma coordinada, de demostrar en un espacio físico acotado, que es posible tener una eficiencia y consistencia muy grande, capaces de ejercer un efecto-demostración en relación al programa como un todo
La elaboración de Contratos Locales de Seguridad (CLS), al estilo de los realizados en Francia, involucrando tres fases, pueden ser una referencia útil.
Los CLS incluyen:
- articulación de acciones de agencias que hacen parte del sistema de justicia criminal y de otros sectores de ámbito federal, provincial y municipal, incluyendo las áreas de educación, salud, transporte, juventud, deportes y trabajo;
- realización de un diagnóstico profundo en relación con la percepción de la inseguridad pública;
- incorporación de la sociedad civil organizada en el proceso de toma de decisiones (participan de ese proceso la municipalidad, la policía local, representantes del Ministerio Público, del sector educacional, del comercio, de la industria, ONGs y juntas de vecinos);
- en la firma del CLS, se define la función de cada agente en el combate a la inseguridad urbana.

Las acciones acordadas pueden variar desde la elaboración de proyectos ambiciosos de rearticulación urbanístico-social con vistas a la solicitación de fondos a organismos nacionales o internacionales, hasta la formulación de programas para la generación de trabajo y renta, programas específicos destinados a los jóvenes (por ejemplo la instalación de un observatorio de derechos humanos de los jóvenes carentes), mejoras habitacionales y de servicios públicos e infraestructura y de las condiciones de vida como un todo.

Consideraciones en relación con el tema de la Seguridad Ciudadana.

La formulación de lineamientos capaces de orientar políticas públicas para la gobernabilidad en el campo de la seguridad ciudadana en regímenes democráticos, debe estar inscripta en el marco de una estrategia de reconquista de la ciudad para todos los ciudadanos, buscando tornar todos los ámbitos de la vida urbana, ambientes favorables para la convivencia y la inserción social, inclusive aquellos lugares constituidos sin ningún planeamiento y que mediante una combinación de políticas y acciones pueden ir adquiriendo una responsabilidad cívica y urbana.
Esta idea presupone en las actuales circunstancias económico-sociales de América Latina, la articulación de aspectos físicos (urbanísticos-infraestructurales-ambientales), aspectos sociales (económico-culturales-existenciales) y ecológicos (considerando las tres ecologías de Félix Guattari: ecología mental, ecología social, ecología ambiental) desde una perspectiva donde se interceptan cuestiones éticas, estéticas y políticas.
Hoy es necesario hacer la revisión crítica de un sistema donde la desigualdad y la exclusión son más regla que excepción.
En relación con las políticas públicas sociales, de seguridad y urbanísticas, es necesario viabilizar potentes núcleos de civilidad en las entrañas de la sociedad (y de la ciudad) dividida, partida, fragmentada, actual.
Es necesario concebir y realizar nuevas articulaciones en el interior del tejido social existente.
Hoy tenemos que revisar nuestras concepciones de “urbanidad”, “civilidad” y “desarrollo”, junto con nuestros criterios de valor para juzgar.
El desafío es, en América latina en particular, contribuir para disminuir las distancias entre integrados y excluidos, entre conectados y desconectados, entre lo “formal” y lo “informal”, buscando rearticular las conexiones entre los aspectos físicos, sociales y de seguridad ciudadana.
Para eso es necesaria una búsqueda urgente de propuestas capaces de inspirar gobiernos, esclarecer a la opinión pública y poder orientar a los jóvenes.
De varias maneras se experimenta hoy un reposicionamiento político de lo ciudadano en el sentido de expresar demandas de “seguridad” emergentes desde diversos sectores sociales, lo que recoloca el tema de lo “marginal” manifestando la necesidad de una recomposición de las centralidades. Nuevas fuerzas emergen (la presión de las favelas en Río, los descontentos de todo tipo que marchan cada semana desde la plaza del congreso o de la plaza de mayo en Bs. As., etc.) reconfigurando los procesos urbanos.
Un proceso tanto de confluencia cuanto de choque aparece como horizonte socio-cultural y político de la vida cívica contemporánea. En el plano de lo urbano, La brecha que existe entre las prácticas espaciales y los espacios representativos obliga a elaborar nuevos modelos de organización capaces de generar sentido.
Los cambios en los modos de producción han generado en las últimas décadas nuevas formas de urbanidad y organización material relacionadas con el pasaje de la economía de escala a la economía de alcance.
Hoy es evidente la necesidad de buscar articulaciones tanto entre el espacio de flujos y la formación de centralidades, cuanto entre los sectores formales e informales de la sociedad como forma de estructurar las nuevas topografías urbanas emergentes y los nuevos comportamientos sociales. Lo que coloca claramente el problema de la búsqueda de la conectividad de la estructura urbana como un todo, del “milieu” conductor urbano como cuestión central.
Eficientizar el funcionamiento de la estructura urbana sin perder masa crítica y potencializarla como una base para la evolución social reconociendo su esencia discontinua pero conectiva, es el desafío actual.
Esta problemática exige la búsqueda de nuevos paradigmas.
Hoy los lazos sociales son más frágiles, menos estables, pero mucho más numerosos y variados. Verificamos la necesidad de renovación de las modalidades de funcionamiento de la democracia en general y de la democracia local en particular.
En una sociedad de muchas dimensiones (del barrio al MERCOSUR por ejemplo, pasando por el país, la región, la aglomeración, lo departamental, etc.) es necesario contar con dispositivos de naturaleza estatal fundados fuertemente sobre el principio de la subsidiariedad, capaces de permitir consultas a la población y a los actores mas continuas y de diversas formas.
La “democracia electrónica” es una de las nuevas posibilidades, a pesar del poco tiempo para la reflexión que implica.
Hoy se verifica también una crisis de legitimidad pública y junto con eso una diversificación e inestabilidad de los intereses colectivos, lo cual demanda renovar las formas de construcción de las decisiones públicas.
La política (y las políticas públicas en particular) debe llevar en cuenta que la acción pública se construye hoy al nivel local en todos los casos por la dinámica de proyectos, más por consensos parciales que por grandes acuerdos globales.
Por eso la legitimidad de una decisión pública, y su eficacia, son tanto mayores en la medida en que ha sido elaborada a través de un proceso que reúne a los protagonistas alrededor de objetivos comunes.
Reivindicaciones categoriales, de minorías y aún el individualismo, no deben ser considerados como egoísmos sino como expresiones de nuevas estructuras sociales que exigen redefinir nociones de solidaridad y responsabilidad.
Hoy hablamos de la “sociedad de los riesgos”, al mismo tiempo que de “la ciudad de los riesgos”.
El riesgo invade hoy todas las prácticas sociales y da nacimiento a una “sociedad del riesgo”; tanto los individuos como los actores económicos y sociales hacen del riesgo una cuestión clave y permanente de su vida y sus acciones.
La paradoja de la modernización es que el desarrollo de conocimientos y técnicas, y la circulación acelerada y extendida de informaciones, aumentan los riesgos (todos los riesgos: individuales, económicos, políticos, etc.)
Por otro lado, hoy existe tanto una crisis de paradigmas cuanto al mismo tiempo una búsqueda de nuevos paradigmas.
Nuevos paradigmas que tienen que ver con complejidad, pluralidad, praxis y transdisciplinaridad, este último un concepto en busca de sistematización.

Hoy asistimos a un des-dibujamiento de fronteras, lo que provoca por una lado caos, incoherencia, fusión e hibridación entre métodos y teorías y por otro lado una abertura de fronteras y la necesidad de consideración de contextos en constante mutación. Esto provoca una valorización de la descentralización y de la relatividad en relación con el abordaje de problemas complejos, problemas compuestos de múltiples variables.
Para actuar en contextos complejos es necesario reunir conjuntos de informaciones para poder trazar el cuadro de una problemática, operando mediante una:
- Organización por problemas,
- Organización por enfoque y
- Organización por estructuras jerarquizadas, donde todos los niveles forman parte de un sistema mayor.
Hoy es necesario utilizar:
- Abertura para la red compartiendo experiencias,
- Una ética transparente, revelando como se realiza y
- La construcción de lazos con la sociedad.
La cuestión del “dato” (de la “matriz de datos”) y la perspectiva del paradigma de los “sistemas complejos adaptativos”, tiene que ver con la cuestión de la seguridad en la sociedad contemporánea. El dato está relacionado con la cuestión del “indicador”, de una fuente, que conlleva el problema de la validez y de la “confiabilidad”.
En el campo de la seguridad ciudadana es necesario abrir nuevos caminos para escuchar, proponer y escoger entre más y mejores opciones. Es necesario combinar disciplina de trabajo con creatividad y libertad de pensamiento, manteniendo la atención despierta.
La contribución para la creación de condiciones de habitabilidad con seguridad, en el marco de las ciudades de América latina, tiene que ver con:
- La funcionalidad entendida como accesibilidad a los beneficios de la urbanidad,
- La gobernabilidad como política extensible para todos a través del diálogo y la negociación,
- La subsidiariedad de acciones en las varias instancias del poder público y de la sociedad civil,
- La construcción de la convivialidad y del espacio público,
- La seguridad ciudadana entendida como la creación de condiciones para la convivencia de las diferencias.
Una posición políticamente amplia, por ser legalista y comprometida con la eficiencia pragmática, implica que:
- el objetivo de una política pública de seguridad ciudadana, correcta y competente, debe ser el de contribuir al proceso civilizatorio. La gran división hoy no es la que separa partidos e ideologías, sino la que se coloca entre civilización o barbarie. Por eso, de lo que se trata es de promover una gran coalición civilizatoria en la cual el papel de una política de seguridad es la de hacer respetar la ley, respetándola;
- deberá buscarse la implementación de políticas públicas consistentes partiendo de un abordaje multidisciplinario de los factores intervinientes, de la actualización tecnológica y gerencial, de la moralización de las instituciones y promoviendo la participación de la comunidad. Lo que implica la articulación de los niveles federal, provincial y municipal y la convocatoria a todos los sectores sociales, incluyendo instituciones formales e informales, tales como ONG´s, juntas de vecinos, la Universidad, asociaciones profesionales que actúan en el área de los derechos civiles, etc.;
- una política pública en el área de seguridad ciudadana deberá obedecer el principio de compatibilidad entre respeto a los derechos humanos y eficiencia de las fuerzas de seguridad, pues no hay contradicción entre estos términos;
- es necesario garantizar las condiciones de seguridad de todos los ciudadanos con políticas públicas consistentes, independientemente de cuales sean las causas de la inseguridad. Es preciso por otra parte enfrentar las causas, pero sabiendo, que eso lleva tiempo, que depende de la combinación de una gran cantidad de factores y que no se puede permanecer de brazos cruzados esperando que las condiciones generales se modifiquen. Siempre es mucho lo que se puede hacer en el área específica de seguridad ciudadana, aún en situaciones adversas y eso tiene un gran impacto en la modificación de las condiciones objetivas y subjetivas de la población.
- es evidente la necesidad de una política general del país capaz de mejorar la distribución de la renta, crear-empleo, implantar políticas educativas de calidad accesibles a todos los jóvenes de cualquier clase social, capaces de generar expectativas de inclusión y no de exclusión social. En este marco, las cuestiones de seguridad ciudadana adquieren una relevancia particular.

Violencia como Fenómeno Social

Está claro que el encaminamiento para actitudes violentas tiene que ver con situaciones de exclusión, marginalidad, desempleo, pobreza y todo su contexto, lo que provoca un sentido de indignidad.
El carácter violento de un acto está relacionado con la enajenación de la cualidad de sujeto a un semejante, convirtiéndolo en una cosa.
Otra forma de “des-subjetivizar” consiste en lo que se desliza a través de las imágenes invasivas de los “medios”, que establecen una forma de sujeción amarrada al objeto de consumo.
La cuestión que se coloca desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, es cómo afirmar una subjetividad en contextos de exclusión física y social.
El caso de las favelas de Río muestra claramente ( favorecido por la topografía sinuosa de sus “morros”) cómo un proceso de urbanización inconsistente, que se ocupó durante décadas solamente de la parte “formal” de la ciudad, puede provocar una dinámica físico-social de exclusión tolerada, consentida, cuyo resultado es una ciudad dividida entre asfalto (ciudad formal) y morro (ciudad informal), cada una con sus propias lógicas, sus códigos, sus leyes, que produce inseguridad en el conjunto de los ciudadanos.
Es en un territorio socialmente construido que se produce la subjetividad y las áreas estigmatizadas, condenadas, rechazadas del resto de la ciudad, producen subjetivaciones de no-ciudadanía, donde la afirmación de la identidad se torna extremamente dificultada.
En los casos donde estas características se mezclan con la actuación de grupos de poder delictivo relacionados con el tráfico de drogas y el ejercicio de violencia armada, junto con el ejercicio de la violencia policial, se crean las condiciones de confinamiento progresivo para la vida del resto de la comunidad, lo que impide el ejercicio de la solidaridad y de una extremamente rica y fuerte participación en los asuntos de la vida comunitaria, que generalmente son la marca de los barrios populares. Bajo ciertas circunstancias la opción por la violencia se constituye como uno de los únicos modos de validación social, de obtención de reconocimiento y de alternativa “profesional” para muchos adolescentes y jóvenes.
Como se sabe, la violencia tiene en lo social una de sus determinantes aunque no es su única causa, pues, como todo fenómeno, se encuentra atravesado de determinantes intra-psíquicos y vinculares. Actualmente, la degradación del trabajo como derecho social que hace con que el individuo no se sienta “digno”, repercute negativamente en la constitución de la subjetividad.
El trabajo constituye uno de los modos de sublimación de las pulsiones y una forma de inserción del individuo en la sociedad, confiriéndole identidad, construyendo lazo social y proveyéndole placer individual.

Por otro lado, la progresiva pérdida de sentido protector y de sostén de la familia, convertida cada vez mas en lugar de intercambios provisorios y amenazados y no en lugar de estabilidad relacional, junto con la pérdida del apoyo externo comunitario, sumado a la debilidad o inexistencia de un código social que sostenga a quienes están mas fragilizados, provocan efectos traumáticos que no encuentran tiempo ni espacio para su procesamiento. Cuando el estado traumático perdura, la objetivación de la violencia no seria sino una reproducción del modo de relación o de organización de la cotidianeidad a la que conduce un proyecto social en el que lo humano no ocupa un papel central.
En este sentido, la “escucha de las demandas” y su traducción en proyectos que impliquen una transformación positiva de las condiciones existentes, abordando simultáneamente los aspectos físicos, sociales y las problemáticas del sujeto, son la vía mas adecuada para construir la seguridad ciudadana.
Como se sabe, una de las mejores y mas eficaces formas de enfrentar transformaciones es la de elaborar políticas públicas con un carácter multidisciplinario, redefiniendo y creando estrategias y abordajes trabajando de manera interinstitucional, basadas en las construcción de lazo social mediante la participación de la comunidad.
El trabajo de prevención debe apuntar a una producción basada en la escucha, donde la aceptación, reconocimiento y respeto de las diferencias y singularidades, trabaje para la mitigación de los conflictos.
Freud mostró que las relaciones entre los miembros de una comunidad trascienden la lógica utilitarista y comportan siempre identificaciones y complicidades con ciertos modos colectivos de satisfacer exigencias pulsionales, la unión contra un “enemigo” común, etc.
La emergencia de la violencia como fenómeno social en la actualidad presenta varios ángulos desde los cuales debe ser considerada.
Entre los factores principales están:

a_ Factores de orden general
- Aumento del desempleo,
- Cuadro negativo de concentración y distribución de la renta,
- Exclusión del mercado de consumo,
- Precarización e informalización de las relaciones laborales,
- Expansión de la violencia interpersonal no relacionada al circuito de actividades ilícitas,
- Expansión de las actividades delictivas “latu sensu” (tráfico de drogas, robos, secuestros, etc.),
- Empeoramiento de los indicadores sociales y económicos,
- Mayores dificultades (materiales y emocionales) de los jefes de familia para mantener sus hijos,

b_ Factores específicos
- Expansión de la violencia interpersonal relacionada con actividades ilícitas,
- Crecimiento de los hijos bajo el signo de la exclusión, la desvalorización, la negligencia, el hambre y la violencia, caracterizando cuadros de situaciones sin-futturo, sin-proyecto, sin-valor, sin-lugar, convirtiendo a amplios sectores de la población en “sospechosos de siempre”, culpados por anticipado hasta prueba en contrario, a los ojos de la policía y de los bien-nacidos.
- Discriminación por color de la piel, dirección de habitación, precariedad de vestimenta, de uso de la lengua, de la calificación escolar, etc.
- Bombardeo de apelos publicitarios que le inculcan a los jóvenes, “ad nauseum”, una ideología que exalta la fruición y el consumo, situados como matrices supremas de referenciales identificatorios.

En estas circunstancias, la tentación simbólica y material de los circuitos delincuentes crece a cada día para los jóvenes marginalizados de la sociedad y en este cuadro, en gran parte la predisposición al delito resultaría de una tendencia a responder y neutralizar los efectos de una violencia ya sufrida, desmintiendo el sentimiento de no tener lugar ni valor, buscando obtener reconocimiento social, aunque sea por medio de la intimidación.
Por este conjunto de motivos podemos indicar que las crecientes tasas de delincuencia envolviendo marginalizados urbanos tienen como fondo la acción combinada de los siguientes factores:
- empeoramiento de los indicadores sociales como un todo (especialmente por la reducción de los índices de empleo);
- influencia cada vez mas intensa y masiva de la ideología de consumo y diversión como definidores de valor, identidad y existencia social, sobre todo para los jóvenes;
- falta de proyectos capaces de articular interés público y creación de condiciones para la participación y el progreso individual, galvanizando el imaginario colectivo y favoreciendo un proceso de comprometimiento en las decisiones y objetivos;
- falta de articulación entre las diferentes instancias del poder público y entre estas y la sociedad civil organizada, capaz de coordinar distintos programas, iniciativas y acciones.

Jorge Mario Jáuregui

Consultor de URBAL 14
Valparaiso, Chile